La ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española es también una competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Así, desde la Dirección General de la Marina Mercante se vela por la ordenación y el control del tráfico marítimo; el despacho, registro y abanderamiento de buques civiles así como la ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, estructurales y de equipamiento de los buques civiles.
Las competencias de ejecución de la política portuaria del Gobierno, se ejercen a través del organismo público Puertos del Estado, correspondiendo a los organismos públicos denominados Autoridades Portuarias la prestación de servicios generales así como la gestión del dominio público portuario.
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) presta los servicios públicos de salvamento de la vida humana en la mar, y de la prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, así como los servicios de seguimiento y ayuda al tráfico marítimo, de seguridad marítima y de la navegación, de remolque y asistencia a buques, y aquellos complementarios de los anteriores.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 de la desescalada, enmarcado en el Plan de Transición a la Nueva Normalidad, en materia de servicios aéreos y marítimos de viajeros.
Este nuevo Real Decreto amplía los costes subvencionables al transporte de mercancías agrícolas con destino y origen en Canarias, con objeto de compensar adecuadamente las desventajas que suponen para este territorio la insularidad y su lejanía al territorio peninsular y al resto de la Unión Europea, a semejanza de lo contemplado en el Real Decreto que regula la compensación al transporte de mercancías industriales aprobado el año pasado.
El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), un Real Decreto que actualiza la normativa relativa a la seguridad en la práctica de la actividad de buceo, actualizándola y unificándola.
