El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado hoy que el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible irá en febrero a Consejo de Ministros para su aprobación y así poder reiniciar cuanto antes su tramitación parlamentaria.
“El nuevo compromiso que hemos contraído con Bruselas es el de tenerla aprobada antes de finalizar el año. Va a ser una ley en la que establecemos una auténtica política nacional de movilidad y transportes”, ha señalado Óscar Puente en el desayuno informativo Fórum Europa Nueva Economía, celebrado en Madrid, en el que ha participado esta mañana.
Durante su intervención, el titular del Departamento ha desgranado las prioridades del Ministerio entre las que ha destacado esta ley, que tendría que haber entrado en vigor el año pasado, pero cuya tramitación decayó por el adelanto electoral. No en vano, el pilar normativo que proporcionará está ley será fundamental para completar la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura, y para avanzar en la transformación de la ciudad de los coches a la ciudad de las personas.
En esta línea, ha asegurado que con esta ley se establecerán las reglas para cogobernar la movilidad entre las distintas Administraciones y será el instrumento que permita acelerar la descarbonización del transporte, impulsando definitivamente el transporte de mercancías por ferrocarril.
Además, “reforzará el papel de las zonas de bajas emisiones, facultando la implantación a los Ayuntamientos de tasas de circulación o peajes urbanos y la que determinará en el futuro las decisiones de inversión en infraestructuras para garantizar su rentabilidad socioambiental”.
Asimismo, determinará en el futuro las decisiones de inversión en infraestructuras para garantizar su rentabilidad socioambiental e impulsará definitivamente el transporte de mercancías por ferrocarril.
Óscar Puente ha hecho hincapié en que la prioridad del Ministerio es contribuir a transformar España, para lo cual se dispone de una gran capacidad inversora. Una transformación que, en todo caso, ha de ir de la mano de la descarbonización del sistema de transportes, lo que convierte al ferrocarril y al transporte público en las piedras angulares de la estrategia del Departamento.
Cabe destacar el papel de los fondos europeos del Plan de Recuperación, que ofrecen una gran oportunidad para acelerar inversiones e impulsar una movilidad sostenible, así como la necesidad de cooperar con el resto de las administraciones públicas y con el sector privado para que este dinero llegue a la economía real.
Otra de las prioridades es vincular la movilidad a la protección del medio ambiente y al desarrollo económico y social. Para ello, se requieren transportes más eficientes e inteligentes, impulsando los modos menos contaminantes, como el ferrocarril en ámbitos interurbanos, y el transporte público y el coche compartido en ámbitos urbanos; promoviendo la intermodalidad; desplegando las redes de abastecimiento y recarga de vehículos limpios; fomentando la bicicleta y los desplazamientos a pie; y limitando el uso de vehículos contaminantes en las grandes ciudades y proporcionando las alternativas para ello.
“Debemos pasar del quien contamina paga, al quien contamina no puede circular”, ha recalcado.
El ministro también se ha referido a otra de las prioridades como es la sostenibilidad en el ámbito urbano, para lo que el Ministerio ha transferido ya 1.500 millones de euros del Plan de Recuperación a 196 municipios y dos entes supramunicipales para que implanten Zonas de Bajas Emisiones y avancen en la descarbonización y digitalización del transporte urbano, El objetivo de estos fondos es, así, financiar la adquisición de autobuses de cero emisiones, la peatonalización de calles o el despliegue de carriles bici, entre otras acciones.
A estos fondos se han sumado otros 900 millones que se han puesto en manos de las Comunidades Autónomas para fomentar una movilidad sostenible y digitalizada.
“Son inadmisibles los intentos de ralentizar la implantación de las zonas de bajas emisiones o de restringirlas hasta su mínima impresión. Y son intolerables los pasos atrás que están dando algunas ciudades”, ha afirmado Puente. En este punto, el ministro ha abogado por incentivar y mejorar la financiación del transporte público en aquellas ciudades comprometidas con la sostenibilidad y por establecer un régimen sancionador para quienes no cumplan con el objetivo de reducción de emisiones o desmantelen actuaciones, como los carriles bici, que se financiaron con fondos europeos.
El ministro ha destacado que los dos próximos años son cruciales para ejecutar los fondos europeos, tanto en lo que gestiona el Ministerio directamente donde el peso lo marcan las inversiones en ferrocarril, como todas las ayudas que ha concedido al resto de administraciones para las Zonas de Bajas Emisiones y transformar su movilidad.
Relacionado con ello, ha puesto en valor que “en el Ministerio estamos recuperando cifras de inversión que no teníamos desde hace más de 10 años. A pesar de coyunturas tan excepcionales como la pandemia o la crisis inflacionista, hemos revertido el déficit y mejorado las cifras de ejecución con 13.500 millones de euros en movilidad en 2022”.
Asimismo, Puente ha mostrado su satisfacción dado que los fondos del Plan de Recuperación movilizados o tramitados en algún grado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ascienden a 11.166 millones de euros, el 99,2% de lo asignado.
Una parte muy importante de estos fondos se han destinado a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para transformar su movilidad.
A modo de ejemplo, el ministro ha citado los proyectos que, gracias a estos fondos otorgados por el Ministerio, puede desarrollar la Comunidad de Madrid, y ha citado la conexión de las líneas 3 y 12 de Metro en El Casar o el intercambiador de Valdebebas – Ciudad de la Justicia – Hospital Isabel Zendal.
Y también el Ayuntamiento de Madrid, para comprar 200 autobuses eléctricos de 12 metros a la EMT en los años 2021, 2022 y 2023 o mejorar la tecnología y ampliación de Bicimad.